EL BUEN SALVAJE

Inextinguible, el mito del buen salvaje ha sufrido otra reencarnación en los ambientalistas que sostienen que los nativos y los pobres son siempre virtuosos y bondadosos.
Aunque los acontecimientos recientes demuestran una y otra vez lo contrario, muchos grupos de ambientalistas y casi todos los izquierdistas sostienen con pasión el mito del buen salvaje, que nos persigue desde el siglo XVI.


No importa que los nativos de Bagua masacraran brutalmente a 24 policías el 5 de junio. No importa que los cocaleros ilegales arrojen a los ríos millones de litros de sustancias contaminantes. No importa que los trabajadores de La Oroya defiendan con paros violentos la continuación de la contaminación. No importa que decenas de miles de mineros informales de Puno se intoxiquen ellos mismos y envenenen a sus coterráneos de las cuencas más bajas. No importa que el jefe de los nativos de Madre de Dios participe activamente del negocio de la extracción de oro que está depredando miles de hectáreas y contaminando de manera espantosa el medio ambiente.
Nada de eso interesa. Ambientalistas e izquierdistas sólo ven la paja en el ojo de las grandes empresas.

El buen revolucionario


Aunque libros como Del buen salvaje al buen revolucionario, del venezolano Carlos Rangel –publicado en 1976– deshicieron esa idea tan atrayente para europeos y norteamericanos, el mito se resiste a desaparecer.
Ahora ha revivido en algunos grupos ambientalistas. El buen salvaje es un hombre puro, no corrompido ni contaminado por la sociedad, que defiende el medio ambiente y lucha por la justicia.

Los izquierdistas identifican al buen salvaje con los pobres y a estos con los potenciales revolucionarios. Nada de eso es cierto, por supuesto, como lo muestran los ejemplos señalados de los nativos de Bagua, los pobladores de La Oroya, los mineros de Puno y los ilegales de Madre Dios. No es que los nativos o los pobres sean buenos o malos en sí, sino que actúan de acuerdo a las circunstancias, y en ocasiones contaminan el ambiente de manera feroz, peor que muchas de las empresas denunciadas por los ambientalistas.

En otras palabras, no es verdad que las grandes empresas sean malas y los pobres buenos. Hay de todo en ambos lados.

No en un enfrentamiento

Hace unos días, la empresa británico-china Monterrico Metals (Minera Majaz) ha sido denunciada y embargada en Inglaterra porque policías y guardias de seguridad a su servicio maltrataron a comuneros que protestaban en su contra. Está muy bien.Pero ¿qué dicen los ambientalistas sobre la masacre de Bagua donde fueron asesinados 24 policías? ¿Qué sobre la espantosa matanza de la Estación Nº 6, donde 14 policías fueron torturados y asesinados brutalmente, no en un enfrentamiento sino a sangre fría, estando prisioneros y rendidos porque los criminales escucharon en la radio noticias que los molestaron?

Imaginemos qué hubiera sucedido si 14 nativos eran detenidos por la policía, torturados y asesinados cruelmente estando maniatados. Sería un escándalo universal. Se pediría por lo menos cadena perpetua para los culpables. Pero los 14 muertos de la Estación Nº 6 sólo eran policías. Ahora hay muchos que piden la libertad de los “buenos salvajes” y los justifican.

Doble moral

Recientemente el ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha hecho fuertes declaraciones contra la minería ilegal del oro en Madre de Dios, que han sido respaldadas en muchos ámbitos y por este diario: “Es necesario apoyar la decisión del Ministerio del Ambiente de prohibir por completo el dragado de ríos amazónicos para obtener oro, a pesar de la protesta de los mineros artesanales de Madre de Dios (La República, Editorial “El ministro Brack y Madre de Dios”, 20.10.09).
Esos mineros ilegales han destruido 150,000 hectáreas de bosques en ese departamento (“El mercurio arrasa con los bosques”, La República, 7.8.08).

Como se dijo en esta columna, en la extracción ilegal de oro trabajan unas 20,000 personas, con unas 550 máquinas pesadas, que queman 175,000 galones de combustible al día, derraman en el suelo unos 1,500 litros de petróleo y aceite diariamente y, lo peor de todo, arrojan al ambiente cada año entre 40,000 y 70,000 kilos de mercurio. (El derrame de mercurio que ocurrió en Choropampa –Yanacocha- fue de 150 kilos). Lo que queda es un desierto de fango contaminado con mercurio, petróleo y toda clase de desechos. La vida animal y vegetal desaparece por completo. (“Tierra de Nadie”, La República, 29.3.09).

Un informe del diario El Comercio revela que Antonio Iviche, máximo dirigente de la Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD) es uno de los mineros ilegales, que fue encontrado con las manos en la masa por funcionarios del Inrena en la Reserva Nacional de Tambopata, extrayendo oro con un motor y una manguera de succión. Según la denuncia penal contra Iviche y otros, presentada el año pasado en un juzgado de Tambopata, cuando los descubrieron, el dirigente nativo “manifestó su malestar y su negativa a abandonar el lugar, adoptando una postura agresiva generando un ambiente de hostilidad y tensión”.
(“Líder indígena fue denunciado por extraer oro de manera informal. Antonio Iviche fue descubierto en mina dentro de reserva de Tambopata”, 20.10.09).

En realidad, todo el mundo sabe en Madre de Dios que Iviche y su familia se dedican a esa actividad ilegal. Al mismo tiempo, Iviche funge de “buen salvaje”, de hombre puro que lucha contra la depredación y para ello recibe generosas donaciones de fundaciones extranjeras.

No es el único

La verdad es que Iviche no es un caso excepcional. Muchas de las comunidades nativas de Madre de Dios se dedican al negocio del oro y la tala ilegal, directamente o cobrándole un cupo a los extractores por su destructiva labor.

¿Qué han dicho las organizaciones ambientalistas cuando se ha hecho público el turbio negocio de Iviche? Nada, ni una palabra, lo han encubierto. Todas las redes ambientalistas, que difunden en cuestión de minutos en el mundo entero informaciones sobre cualquier detalle que tenga que ver con la contaminación, han enmudecido totalmente. Si la realidad no cuadra con su ideología y sus intereses, simplemente la borran.

Ojalá que el gobierno y el ministro Brack cumplan lo que han prometido, y frenen a los mineros ilegales que destruyen y contaminan el bosque en Madre de Dios. Y que los ambientalistas se ocupen realmente del medio ambiente y se preocupen no solo de las grandes empresas, sino también de los cocaleros y los mineros informales de Puno y Madre de Dios.

Por Fernando Rospigliosi

EL BUEN CONCEBIDO CONTRA EL ESTADO

Una avalancha de críticas ha recibido el TC, debido a su resolución sobre la distribución de la llamada “píldora del día siguiente”. La mayoría de ellas parte de diversas ideas políticas sobre lo que debe hacer el Estado en relación a la reproducción humana.

Muchas personas están interesadas en que el Estado provea de métodos anticonceptivos a los más pobres. Reclaman equidad; es decir, que los que no tienen recursos accedan a las mismas ventajas que las de los que tienen recursos.
La resolución del Tribunal no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la legalidad de la distribución “gratuita” por el sector público de la pastilla de Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE).

Dicha píldora actúa a través de tres efectos. Se debate sobre si uno de ellos tiene o no consecuencia abortiva. Si lo tiene, impide el desarrollo de la vida de un ser humano ya concebido.
El TC ha resuelto sobre la constitucionalidad de la política de distribución de la AOE por parte del poder Ejecutivo. La Constitución establece como fin supremo del Estado la “defensa de la persona humana” (art.1). Reconoce como fundamental, como superior a cualquier otro, el derecho de la persona a la vida, a su integridad física, y a su libre desarrollo (art. 2.1).
La Carta agrega algo determinante: “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. Desde el punto de vista constitucional, la concepción produce la vida humana. Jurídicamente, el Estado provee la defensa de los derechos de esa persona.Hay quienes todavía discuten si el óvulo fecundado es ya un ser al que se deba considerar humano. La Constitución zanja la discusión a favor del concebido.

Si la píldora impide la implantación de un óvulo ya fecundado, ocasiona daño al desarrollo de la persona ya concebida. Si es así, el Estado no puede distribuir la píldora porque estaría atentando contra sus deberes de defensa de los derechos de la persona recién concebida.
El TC ha revisado la literatura existente. No se ha pronunciado sobre qué conviene más a los pobres o a los ricos. Ha resuelto si es constitucional que el Estado distribuya la droga. El Tribunal ni siquiera se pronuncia sobre la discusión en torno al tercer efecto. Dice que hay duda. En la duda, agrega, hay que proteger a la persona.

El Tribunal no ha declarado sobre política, sino sobre la legalidad de una acción del Estado que puede afectar a la persona recién concebida. Y ha resuelto a favor del concebido, contra el Estado.

Como debe ser.

Por Federico Salazar